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Un número muy significativo para seguir profundizando el debate por un nuevo paradigma comunicacional que la Ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual encauza, amplificando las voces de las luchas previas, las de las organizaciones que rechazaron la Ley del Comfer en los años posteriores a la dictadura, y maduraron esta propuesta democrática, amasada lentamente en las asambleas y consultas populares, génesis indiscutible de la Ley de Medios. Significativo, si tenemos en cuenta que detrás de esas diez ciudades hay diez instituciones, dos centenares de profesionales consensuando líneas de trabajo y criterios pedagógicos, y la aspiración de llegar a mil participantes que propalarán finalmente los alcances, los derechos, la inclusión, la transformación cultural, mediática y comunicacional, consolidando un proceso que reúne al Estado, al Sistema Universitario y a las Organizaciones de la Sociedad Civil en el camino de la Ley de Medios. El PUCARA (Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina) que fue creado durante la gestión del Rector en uso de licencia en la Universidad Nacional de Villa María, Abogado Martín Rodrigo Gill (actualmente Diputado Nacional) cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, fue también comprendido y sostenido en la actualidad por el actual titular de esa cartera ministerial, Ingeniero Aldo Luis Caballero. Fue concebido para desarrollar políticas académicas y de Extensión en favor y en función de la Ley 26.522 de de Servicios de Comunicación Audiovisual y entre sus acciones principales figura la de informar, sensibilizar, capacitar a la mayor cantidad de actores sociales en lo referido al diverso, profundo y transformador sentido que esta ley democrática provoca en todos los espacios posibles de la sociedad. La hondura movilizadora de la Ley de Medios encuentra en el sistema universitario un espacio preferencial para acompañar las políticas del gobierno nacional en su persistente esfuerzo de explicar la Ley en toda su magnitud y con todo su potencial. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea una reconfiguración profunda del mapa de medios que implica, entre muchos otros aspectos, la desmonopolización de los medios concentrados geográfica y económicamente. Este punto provocó una visceral lucha política y jurídica y en estos aspectos parece haberse centrado la percepción social predominante sobre esta ley. Sin embargo, la construcción de un escenario comunicacional diverso, inclusivo y de profundo sentido federal se sostiene también en muchos otros aspectos de la Ley. El reconocimiento de los sectores público, privado comercial y sin fines de lucro, como legítimos licenciatarios de medios de comunicación audiovisual, del mismo modo que los pueblos originarios y los establecimientos educativos públicos; las pautas para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad; los derechos específicos de niños, niñas y adolescentes; el reconocimiento de las audiencias de la radio y la televisión como sujetos de derecho, la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para llevar adelante el proceso de implementación y la creación de un organismo específico como la Defensoría del Público para promover y garantizar aquellos derechos, entre otros aspectos, son algunos ejemplos que nos impulsan a profundizar y acompañar esta democrática y transformadora etapa de la comunicación nacional. Mientras el escenario de la desconcentración mediática se circunscribe, preferentemente, a las altas esferas de la economía, la política y la justicia, el terreno de la construcción de un nuevo sentido paradigmático que plantea a la información como un derecho humano, atraviesa a la sociedad en su conjunto de manera activa, crea la posibilidad de participar en la edificación social de la comunicación, y en este proceso el sistema universitario se presenta como el más efectivo puente entre el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil en el camino de la Ley de Medios. Citando a la Licenciada Cynthia Ottaviano decimos que “nadie reclama un derecho que no conoce” y el principal objetivo de esta diplomatura es informar acerca de esos derechos y a su vez formar capacitadores que multipliquen en el tiempo en sus territorios los tesoros conceptuales, democráticos y transformadores de la Ley, una ley que, en el decir del Rector de la Universidad Nacional de Villa María, Martín Gill, nos otorga derechos pero fundamentalmente nos plantea obligaciones. El licenciado Diego de Charras, director de la Carrera de Comunicación de la UBA, dijo alguna vez que “si bien la Ley abre las posibilidades a las nuevas voces de la comunicación federal, hay que entender que detrás de las voces hay sujetos a los que hay que identificar para conformar la nueva red de la comunicación argentina”. Ese es el otro sentido hacia donde avanza PUCARA y otorga génesis a la Diplomatura. Esta propuesta está planteada para que nadie quede afuera, para que sea cursada por docentes, graduados/as, estudiantes, campesinos/as, comunicadores/as, jóvenes, adultos/as y cualquier persona que sienta interés en la temática. Agradecemos a la Secretaría de Políticas Universitarias que haga factible esta propuesta, a las universidades y organizaciones que decidieron adherir a este dictado, a los especialistas que nuevamente confían en PUCARA para llevar sus conocimientos a todo el país a través de las teleconferencias, a la Defensoría del Público por otorgarnos la solidez de su acompañamiento y especialmente a los coordinadores y docentes de cada universidad que tendrán a cargo las clases y los talleres presenciales, que serán, en definitiva quienes aportarán sus contextos territoriales potenciando los contenidos generales de la Diplomatura. Foto: Juan Montes, Coordinador General PUCARA |
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